Provincia busca ratificar acuerdos con YPF y Nación, para el desarrollo de las arenas silíceas para Vaca Muerta

El Poder Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para ratificar dos convenios firmados por el gobernador Rogelio Frigerio: uno con YPF, que contempla iniciativas vinculadas con la explotación de arenas silíceas, infraestructura y logística, y otro con el Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a reforzar los controles sobre la extracción de arena en los ríos. La iniciativa abre interrogantes sobre las condiciones de aprovechamiento de los recursos naturales, los compromisos económicos y el alcance de la fiscalización estatal, confirmó AIM.

El gobierno de Rogelio Frigerio ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que propone ratificar dos convenios suscriptos el 28 de septiembre de 2026: uno con la empresa YPF S.A. y otro con el Ministerio de Seguridad Nacional. Ambos acuerdos involucran actividades relacionadas con los recursos naturales de la provincia y plantean una discusión sobre el papel del Estado en su explotación, control y aprovechamiento económico.

La iniciativa, que consta de dos artículos, busca otorgar respaldo legislativo a los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial. En los fundamentos se sostiene que los convenios permitirán “promover el desarrollo productivo de Entre Ríos, preservar sus recursos naturales y fortalecer las capacidades estatales de control”.

Sin embargo, el contenido de los acuerdos plantea cuestiones que deberán ser examinadas durante el tratamiento parlamentario, particularmente en relación con la explotación de arenas silíceas, la participación de empresas privadas, las condiciones económicas de los futuros proyectos y los mecanismos de protección ambiental.

Acuerdo con YPF

El convenio firmado entre Frigerio y representantes de YPF establece un marco de cooperación para desarrollar proyectos de interés mutuo dentro del territorio provincial.

Entre sus fundamentos se menciona que “Entre Ríos presenta características productivas y logísticas que generan oportunidades para iniciativas vinculadas con infraestructura, transporte, abastecimiento energético y comercialización de productos y servicios, especialmente aquellos relacionados con la cadena de valor de las arenas silíceas destinadas al desarrollo de Vaca Muerta”.

El acuerdo contempla el análisis de proyectos de infraestructura logística y de transporte, incluyendo infraestructura vial, ferroviaria, fluvial y otras obras asociadas a esa actividad.

También prevé iniciativas para desarrollar infraestructura comercial y de abastecimiento, evaluar inversiones y promover condiciones que favorezcan la actividad minera y su cadena de valor.

Uno de los puntos que merece especial atención es la posibilidad de analizar mecanismos destinados a facilitar inversiones privadas mediante modificaciones regulatorias e incentivos fiscales.

En ese sentido, el convenio contempla la promoción de inversiones en la provincia y sus municipios, con herramientas que permitan reducir cargas regulatorias y establecer incentivos fiscales.

La cuestión adquiere relevancia porque abre el debate sobre cuáles serían los beneficios concretos para Entre Ríos, qué contraprestaciones recibiría el Estado y de qué manera se garantizaría que el aprovechamiento de los recursos naturales se traduzca en desarrollo económico y empleo local.

Compromisos económicos

El acuerdo con YPF no establece por sí mismo inversiones obligatorias ni compromisos presupuestarios específicos. En cambio, dispone que los proyectos que eventualmente se desarrollen deberán instrumentarse mediante convenios particulares.

Esos futuros instrumentos definirán las condiciones comerciales, los plazos, las formas de pago y las eventuales sanciones o garantías correspondientes.

Esta característica deja para una instancia posterior aspectos centrales de los emprendimientos que podrían impulsarse bajo el convenio marco.

Por lo tanto, uno de los interrogantes del debate legislativo será qué mecanismos de información y seguimiento tendrá la Legislatura respecto de los acuerdos específicos que puedan celebrarse.

El convenio con YPF tendrá una duración de tres años, aunque cualquiera de las partes podrá finalizarlo anticipadamente mediante una notificación fehaciente con 60 días de anticipación.

Control de la extracción de arena

El segundo convenio fue suscripto entre Frigerio y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y tiene como finalidad fortalecer los controles sobre las embarcaciones dedicadas a la extracción de arena y otras sustancias minerales no metalíferas en los ríos.

Según el documento, la provincia busca mejorar la fiscalización de una actividad que se desarrolla en cursos de agua de jurisdicción nacional, mediante la colaboración de la Prefectura Naval Argentina.

El acuerdo establece que la fuerza federal proporcionará información sobre los movimientos de las embarcaciones, permitirá el acceso al Sistema de Identificación Automática (AIS) y colaborará en inspecciones programadas y controles de actividades extractivas.

También contempla procedimientos para detectar posibles infracciones y remitir las correspondientes actas a las autoridades provinciales.

No obstante, el convenio establece obligaciones económicas para Entre Ríos.

La provincia deberá abonar mensualmente una contraprestación por el acceso al sistema AIS y al servicio de reportes de movimientos de buques, equivalente a una unidad y media de convenio, según los valores establecidos en el esquema tarifario de Prefectura.

Además, deberá transferir a la fuerza federal el 70 por ciento del monto total de lo recaudado por multas económicas aplicadas a embarcaciones infractoras cuando las infracciones sean detectadas con intervención de personal de Prefectura.

El acuerdo también prevé que los gastos derivados de la utilización de unidades fluviales para inspecciones sean convenidos previamente y afrontados por la provincia.

Estos compromisos introducen otra dimensión en el análisis parlamentario: el costo que asumirá Entre Ríos para controlar una actividad económica desarrollada sobre sus recursos naturales y la distribución de los ingresos derivados de las sanciones.

Fuente: AIM Digital